Cámaras de vigilancia en la empresa

06 abril 2015

Una práctica cada vez más generalizada en las empresas, es la instalación de videocámaras en los puestos de trabajo para controlar la actividad laboral de los operarios. Se trata de una medida empresarial conflictiva, por cuanto es invasiva con el derecho a laintimidad del trabajador, y al ser este un derecho fundamental de primera línea, la instalación de videocámaras o otros aparatos electrónicos está limitada.

Cuando el derecho a la intimidad del trabajador es vulnerado, las consecuencias son la ilegalidad de las pruebas obtenidas y la nulidad, de la sanción o el despido disciplinario, con la consecuente readmisión del trabajador y el abono de los salarios dejados de percibir.

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¿Qué límites tiene el empresario en cuanto a la instalación de videocámaras?
Operan varios límites que se consideran una vulneración a la intimidad del trabajador. Es por todos sabido que está totalmente prohibida la instalación de cámaras o micrófonos ocultos.

El empresario debe advertir con antelación suficiente a los trabajadores y a sus representantes (delegados de personal o comité de empresa) de la instalación de aparatos electrónicos para realizar un control sobre la actividad laboral. Además, debe informarse a los trabajadores de la finalidad de estos artilugios, de forma que no sería válido, por ejemplo, la instalación de cámaras para controlar los robos o hurtos por parte de los clientes de un establecimiento, y posteriormente utilizar las grabaciones para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores si previamente no se les ha informado de esa finalidad.

También está prohibida la instalación de videocámaras u otros aparatos en lugares privados (como los aseos o las taquillas de los trabajadores) así como en los lugares de descanso.

Además, el Tribunal Constitucional viene repitiendo en su jurisprudencia que las medidas empresariales de este tipo tienen que ser necesarias y proporcionales. Esto nos da a entender que si el empresario puede utilizar otros medios de control que irrumpan menos en la intimidad del trabajador, debe optar por éstos frente a la vídeo-vigilancia.

Los datos y grabaciones obtenidos mediante los sistemas de vigilancia de la actividad laboral, deben servir a ese único fin, no pudiendo ser publicados ni destinados a cualquier otra finalidad, pues lo contrario, vulneraría la legislación en materia de protección de datos.


Valor probatorio de las grabaciones
Las grabaciones realizadas por los sistemas de control empresariales, tienen pleno efecto probatorio en un juicio, no obstante, deben cuidarse los límites impuestos. Los jueces y magistrados resolverán sobre la admisión o no de este tipo de pruebas en la medida que invadan la intimidad del trabajador, entendida como derecho fundamental.

Cuando alguna prueba de este tipo sea considerada ilícita, y por tanto, contraria a los derechos constitucionales del trabajador, el resultado que se desprenda de ella no podrá tenerse en cuenta, y en caso de despido disciplinario, éste será declarado nulo (y no improcedente) por lo que el trabajador será readmitido, abonándose los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la readmisión, sin otra posibilidad por parte de la empresa (como pudiera ser el pago de una indemnización, como ocurre con el despido improcedente).


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¿Qué es la Audiencia Previa?

04 abril 2015

Si te encuentras inmerso en un procedimiento civil ordinario (de determinadas materias o por cuantía superior a 6.000.-€, o cuando la cuantía es indeterminada, por ejemplo cuando se pide la nulidad de una cláusula suelo), seguramente serás consciente que el primer trámite oral, tras la presentación de la demanda y su contestación, es una Audiencia Previa, y te habrás preguntado en qué consiste esa actuación.

Pues bien, la audiencia previa es una vista que tiene lugar con posterioridad a la presentación de la demanda y la contestación a la misma. 

Se trata de una actuación procesal muy importante, ya que se intenta llegar a un acuerdo entre las partes, y si éste no es posible, se resuelven las "excepciones" que haya alegado el demandado. Además en la audiencia previa se fija el objeto controvertido del proceso (cuantía, etc), y se propone la prueba, así como se realizan las citaciones de testigos y los requerimientos oportunos a la parte contraria.

Al finalizar la Audiencia, se fijará la fecha para el juicio oral definitivo, en el cual se practicarán las pruebas propuestas, y previos todos los trámites oportunos se dictará una sentencia.

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La Audiencia Previa se convoca por el Secretario Judicial en el plazo de 3 días tras la contestación de la demanda, y se celebra en el plazo de 20 días tras la convocatoria citada.

Es necesaria la representación de un Procurador y la asistencia de un Abogado, de hecho, siempre lo es salvo para cuantías inferiores a 2.000.-€ y algunas otras excepciones, por ejemplo la petición inicial de monitorio.

Seguidamente se expone de forma esquemática la estructura y desarrollo de la Audiencia Previa y sin ánimo de ahondar mucho en este tema, que es en gran medida una actuación técnica de la que deben preocuparse abogados y procuradores, pero no tanto sus clientes.


1. Intento de conciliación
La primera actuación que se realiza es un intento de conciliación entre las partes, aunque habitualmente no suele darse ninguno y se pasa sin más dilación al siguiente trámite.


2. Resolución de cuestiones y excepciones procesales
Si no es posible el acuerdo entre las partes, prosigue el acto con la resolución de las excepciones y cuestiones procesales que puedan plantearse (si es que las hay): capacidad procesal, falta de litisconsorcio, inadecuación del procedimiento, etc.


3. Determinación del objeto litigioso y los hechos controvertidos
Las partes puede realizar alegaciones o aclaraciones a su demanda, pueden realizar también alegaciones complementarias y sostenerlas en base a informes, documentos, dictámenes, etc. El Juez también puede requerir a las partes para que realicen las aclaraciones que estime oportunas.

Las partes tienen que fijar los hechos sobre los que no están de acuerdo, de forma que deben quedar fijados en el trámite de Audiencia Previa; por ejemplo la cuantía del proceso, la cual pueden discutir ambas partes realizando las alegaciones que estimen oportunas.


4. Proposición y admisión de pruebas
Seguidamente las partes proponen las pruebas que estiman convenientes para su defensa (documental, pericial, testifical, medios de reproducción de palabra o imagen, etc). Además puedes señalar el nombre y domicilio de los testigos para que sean debidamente citados.

Además, si existen temores racionales de que las pruebas puedan desaparece o ser inútiles el día del juicio, puede nacordarse la práctica de la prueba anticipada, o medidas para el aseguramiento de la prueba.

Tras la proposición de la prueba, el Juez decidirá sobre su pertinencia, utilidad y procedencia, y en consecuencia la admitirá o inadmitirá a trámite.


5. Señalamiento de la fecha del juicio
Una vez realizados todos los trámites anteriores, tan sólo resta que el Juez señale la fecha para la celebración del juicio oral. En teoría el plazo para la celebración del juicio debería ser de 1 mes desde la Audiencia Previa, sin embargo, este plazo suele incumplirse en la práctica.
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Cláusulas suelo en hipotecas concedidas a economistas

27 marzo 2015

Algunos se preguntan cuando pretenden demandar al banco por una cláusula suelo abusiva si es un obstáculo el hecho de que uno de los deudores hipotecarios, tuviese conocimientos de economía, bien por su formación académica o por su profesión, en el momento de firmar la escritura.

Lo cierto es que algunas sentencias han dado la razón al banco al alegar que los contratantes del préstamo hipotecario eran trabajadores del sector de la banca (o lo habían sido) y conocían perfectamente lo que estaban firmando.

Sin embargo, como veremos en este artículo analizando diversos casos reales y muy recientes, se exige un conocimiento muy especializado del contratante y una vinculación directa con el sector bancario o asimilado para que esa argumentación sea válida, ya que no todos los trabajadores en sectores de la ciencia económica, tienen conocimientos suficientes sobre los complejos productos financieros, y por ello en el caso de que el contratante sea economista, abogado, etc.; deben exigirse todas las normas de transparencia (información precontractual, simulaciones, oferta vinculante, etc).

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¿Cuándo es abusiva una cláusula suelo?
Antes de iniciar un análisis sobre la circunstancia académica del deudor hipotecario, procede valorar si se cumplen los requisitos matizados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 9 mayo 2013), con los cuales puede declararse abusiva y dejarse sin efecto una cláusula suelo, y que en síntesis son los siguientes:

1. Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del contrato; 

2. Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas; 

3. No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar; 

4. No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo; 

5. Las clausulas se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor. 

En caso de no tener lugar la entrega de información precontractual a los prestatarios, también cabe preguntarse si la intervención del notario fuese suficiente para avalar que el deudor hipotecario tuvo conocimiento de la existencia de esa cláusula y de su magnitud.  Sin embargo el Tribunal Supremo ya ha negando que la lectura ante notario sea suficiente para adquirir el conocimiento resaltado en el párrafo anterior. 

A este respecto, debe citarse la jurisprudencia europea que vincula a nuestros Juzgados y Tribunales: STJUE de 30 de abril de 2014, la cláusula en relación al contrato, "...exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo...a que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas...de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo"

En el préstamo hipotecario objeto de este informe, y presumiendo que no se entregase a los prestatarios información precontractual o la obligatoria Oferta Vinculante, adolece de la mayoría de requisitos y se cumplen la mayoría de las condiciones marcadas por los apartados anteriores, con lo cual la cláusula suelo podría declararse abusiva y ser anulada.


Clientes con conocimientos económicos 
La falta de transparencia conlleva que el consentimiento prestado por sea un “consentimiento informado” con lo cual, para personas sin conocimientos profesionales, requiere una información “extra” que les facilite el entendimiento y el significado de la cláusula que está firmando. 

El art. 7 LCGC establece que "no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato...; b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles ..."

Cuando los contratantes son personas con conocimientos en materia financiera, podría considerarse que la falta de transparencia por parte de la entidad bancaria, no significa la falta conocimiento que presta el contratante comprador de una vivienda. 

En el ejemplo de una Licenciada en Ciencias Económicas que trabaja desde haca 10 años en el Ayuntamiento de Getafe, en el Departamento encargado de la gestión y recaudación de tributos locales. Puede afirmarse que tiene conocimientos en materia tributaria, y del modo en que se financian las entidades locales y en el sector público. Sin embargo su profesión no la vincula de ningún modo a los negocios jurídico privados, ni a la financiación bancaria e hipotecaria, ni puede por tanto considerarse que posee un “profesional criterio” en estas materias, a pesar de su titulación académica. 

La ausencia de ese “criterio profesional o experto”, independientemente de la formación académica, la profesión o cualquier otra circunstancia, requiere una especialización, de lo contrario no puede pretenderse alegar que el deudor hipotecario tuviese el conocimiento sobre lo que estaba firmando, porque no se le había informado. 

Esta sentencia Audiencia Provincial de Alicante (SAP A 3708/2014, de 18/12/2014) avala este argumento, que anula la cláusula suelo a un “Director Financiero de una empresa inmobiliaria y administrador de otras sociedades”: 

...Lo relevante, por tanto, es el ámbito de actuación y no el nivel de conocimientos, o preparación del consumidor. Y, en el caso que nos ocupa, ni siquiera se alega que la celebración del contrato garantizado con hipoteca perteneciera al ámbito de la actividad profesional o empresarial del prestatario. Lo relevante es, según lo expuesto en fundamentos anteriores, que el consumidor tuviera cabal conocimiento y comprensión, en el momento de celebración del contrato, de la verdadera dimensión económica de la cláusula suelo incluida en el mismo..., 

Si analizamos algunas sentencias, podemos matizar más detalladamente cuando existe un "criterio profesional", por ejemplo; SAP A 3702/2014 (Audiencia Provincial de Alicante)

Sr. Emiliano es apoderado del Banco Santander, SA desde el año 1991 y su esposa, la Sra. Adoración, llevaba desempeñando cargos de responsabilidad en diferentes entidades bancarias desde el año 1991 (ex apoderada del BANCO DE ALICANTES, SA, de BANCO SANTANDER, de SOLDBANK, del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO...). Se insiste en que ambos eran expertos conocedores de estas operaciones bancarias, habían trabajado con ellas, haciendo inviable su falta de conocimiento o comprensión de la cláusula suelo, ya que eran plenamente conscientes de lo que suscribían… 
Y la conclusión que alcanzamos es que el empleo que tiene el demandante, ahora apelado, constituye un factor esencial a la hora de valorar la transparencia material por cuanto que no resulta creíble, por su dilatada experiencia bancaria, considerar que no hubiera examinado el contrato ni, tanto menos, que no comprendiera el contenido de una cláusula de evidente comprensión...

Es cierto que existe una diferencia sustancial entre una y otra sentencia dictadas por la misma Audiencia Provincial, y es que en el segundo caso los contratantes eran apoderados por entidades bancarias desde 1991, por cuanto habían sido “la otra parte” en muchos otros contratos hipotecarios, y por tanto, era innegable que sabían lo que firmaban. 

Por otro lado en la primera sentencia, el demandante es un Director de una inmobiliaria, es de suponer que vendía viviendas, pero no era un trabajador de la Banca, por tanto, no tenía los conocimientos financieros suficientes. 

Otra sentencia que anula cláusula suelo de un empleado de la banca, porque no queda demostrado que tuviesen los conocimientos suficientes: 

Audiencia Provincial de Albacete (SAP AB 107/2015)

...Pues bien, en el presente recurso aunque no se discute la condición de consumidores de los actores, si se pone de relieve que dado que el contratante era empleado de banca conocía y sabía de la cláusula y su contenido, pues de lo contrario no se hubiera subrogado en el préstamo hipotecario. Pues bien, este argumento debe decaer al estar huérfano de toda prueba que lo acredite, se viene a decir que por ser empleado de banca y experto en informática y ofimática , ya sabía de la cláusula, su contenido, alcance, habiendo tenido opción a otras ofertas y si finalmente contrató con ella fue debido a que le era más favorable. Sin embargo, nada de ello se ha probado, correspondiendo la carga de la prueba a la demandada al estar en el ámbito de la legislación de consumidores y usuarios, por lo que si nada se ha probado, esos conocimientos y negociación, no se puede concluir que existieron, y ni mucho menos que pudo evitar la referida cláusula. 
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Reclamación de compras por internet

21 marzo 2015

Hoy en día está generalizado el uso de internet como plataforma de compras, ya que ofrece comodidad y rapidez. Estas compras se realizan a distancia, es decir, fuera del domicilio de la empresa vendedora. 

Sin embargo, para que internet sea un medio seguro y fiable para realizar compras, el consumidor debe conocer los derechos que le asisten, especialmente los derechos que le permiten desistir de su compra en el plazo de 14 días a 1 año, y el derecho a presentar la demanda en los Juzgados de su domicilio (y no en el domicilio de la persona a la que se demanda).


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Derecho de desistimiento del comprador
En las compras online el vendedor debe indicar al consumidor que tiene 14 días para renunciar a su compra, bien porque el producto no se ajuste a lo publicitado, porque tenga algún defecto, falte alguna pieza, o simplemente porque el producto no satisface al consumidor, no era lo que se esperaba.

El vendedor está obligado a informar al consumidor sobre su derecho de desistimiento, ya que en caso contrario, -de no informarse por ningún medio al consumidor sobre el derecho a desistir- el plazo de 14 días se amplia a 12 meses.

La empresa puede ofrecer al comprador formularios de desistimiento online, por ejemplo, rellanando un formulario en la página web o simplemente enviando un correo electrónico.


Reclama en el Juzgado de tu provincia
Es posible presentar demandas por pequeñas cantidades económicas contra empresas e incluso grandes multinacionales. Cuando el domicilio de la empresa a la que se pretende demandar se encuentre fuera de la provincia del comprador, éste puede presentar demanda en los Juzgados de su domicilio. (vid Sentencia). De lo contrario se vulneraría el derecho de los consumidores a presentar reclamaciones de escasa cuantía, ya que por no asumir los costes terminarían por perderse, una situación que los Juzgados y Tribunales deben evitar.

Mucha gente prefiere no tomarse las molestias de reclamar (por el tiempo, por dinero, por pensar que no van a conseguir nada...), sin embargo, tomarse esa molestia al final resulta rentable.


Plazo de entrega del producto
En principio el plazo de entrega no debe ser superior a 30 días, salvo que se haya pactado con el vendedor otra cosa. Cuando exista una demora en la entrega del producto, el comprador puede conceder a la empresa un nuevo plazo razonable para la entrega, y de no cumplirse este nuevo plazo, el comprador puede desistir de la compra.


Datos del vendedor y medios de pago
El vendedor está obligado a facilitar todos sus datos al comprador: nombre, DNI, domicilio social, y los medios para que el comprador pueda contactar con la empresa (email, teléfono...).

Los productos tienen que tener un precio final señalado; así como todos los costes por portes, por la utilización de ciertos medios de pago, etc.

Para saber si se está realizando un pago seguro pueden utilizarse ciertos medios de pago como Pay Pal. En caso de realizar el pago en la propia plataforma web, al lado de la URL puede aparecer un candado cerrado que indica que la página es segura.

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Desahucio del inquilino moroso

19 marzo 2015

En materia de arrendamientos, actualmente existe un procedimiento ágil para el desahucio del inquilino que no paga las rentas de alquiler. Además de solicitar el desahucio, el arrendador de la finca puede reclamar las rentas impagadas junto con otras cantidades asimiladas (como la tasa de basuras, el IBI, etc). Este procedimiento se asimila mucho al de reclamación de otras deudas; salvo que el inquilino se oponga a la demanda de reclamación, no se celebra juicio, con lo que directamente se fija la fecha para el lanzamiento y se procede al embargo de bienes.

También existen otras acciones de desahucio:
- Por finalización del contrato de arrendamiento.
- Para alquileres en precario.

Una de las posibilidades que tiene el inquilino demandado para evitar el desahucio es realizar el pago de las cantidades y solicitar la enervación desahucio en los casos que sea posible.

Las personas físicas están exentas del pago de tasas judiciales. Las personas jurídicas (sociedades mercantiles, etc) tienen que pagar una tasa de 100.-€ + el 0'5% de la cantidad reclamada.

En cualquier juicio por desahucio es necesaria la intervención de abogado y procurador, con lo cual si necesitas contratar a un abogado en tu ciudad, puedes escribirnos a través del buzón de consultas.


¿Cuánto tarda en resolverse el desahucio y cobro de cantidades?
Teóricamente, salvo los obstáculos y contratiempos que puedan devenir, el procedimiento es 'exprés' y se resuelve en cuestión de meses. El procedimiento de desahucio es muy ágil, salvo oposición del deudor a la demanda (inexistencia de deudas, cláusulas de carencia, o algún otro motivo que pudiera alegar).

Por tanto, una vez presentada la demanda, el Secretario Judicial requiere al inquilino para que pague la deuda y desaloje la vivienda o se oponga a la demanda en el plazo de 10 días. En ese mismo requerimiento también se señala el día de la vista del juicio (solo para el caso de que el inquilino se oponga) o el día del lanzamiento para cuando el inquilino no atienda al requerimiento (es decir no desaloje la vivienda).

De no atender a ese requerimiento, se procede al lanzamiento en la fecha señalada por el Secretario Judicial, así como al embargo de bienes que sean necesarios para satisfacer la deuda reclamada.

En caso de no atender al requerimiento y despachar la ejecución por las cantidades debidas y el lanzamiento, se impondrán las costas al inquilino demandado.


Enervar la acción de desahucio
Otra de las posibilidades que tiene el inquilino demandado, es solicitar la enervación del desahucio cuando no hubiese hecho valer ese derecho en los últimos 5 años años. Esta acción debe realizarse en el plazo de 10 días a contar desde la notificación del requerimiento.

El inquilino demandado deberá consignar en el Juzgado o mediante Notario, las cantidades debidas al arrendador de la vivienda, y de ese modo evitar ser desahuciado, y reactivar el contrato de alquiler.

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha indicado que la enervación no es posible cuando los impagos de la renta son continuados, ya que el arrendador no tiene obligación de soportarlos.


Tasas judiciales
Desde el 1 de marzo de 2015 las personas físicas no pagan tasas judiciales, por tanto, también están exentas para los procedimientos de desahucio y reclamación de cantidad, independientemente de la cuantía que se reclame.

Sin embargo, siguen pagando tasas las personas jurídicas (sociedades, comunidades de bienes, etc), en cuyo caso se abona una cantidad fija de 100.-€ + el 0,5% de la cantidad reclamada en la demanda. Deben liquidarse mediante el modelo 696 de Hacienda.

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¿Qué es la oferta vinculante?

16 marzo 2015

Actualmente que está en el orden del día el asunto de las cláusulas suelo en la hipoteca, os preguntaréis muchos de los afectados, qué es exactamente la famosa "oferta vinculante" y muchos de vosotros seguramente os lo preguntaréis porque el banco no os la entregó en su día; y precisamente ese es el argumento principal de vuestra demanda para pedir la nulidad de la cláusula suelo.

La Oferta Vinculante es un documento que debe entregar el banco a sus clientes, con una antelación mínima de 10 días, que contiene todas las cláusulas y condiciones del préstamo hipotecario escritas de una forma gramaticalmente comprensible para un cliente sin conocimientos específicos en la materia. El cliente deberá firmarla y entregarla al banco con un plazo mínimo de 3 días antes de la firma de la escritura hipotecaria ante Notario.

En este artículo vamos a explicar al detalle el significado de esta Oferta y las obligaciones del banco en cuanto a esta.

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La ley obliga al banco a entregarte la oferta vinculante
En efecto, la oferta vinculante es un documento de extremada importancia, que el banco está obligado a entregar al cliente para cumplir con los estándares exigidos de transparencia. En el caso de la cláusula suelo, tan importante es que marca la victoria en un juicio contra el banco.

Hasta el año 2007, la oferta vinculante tan sólo era obligada entrega para préstamos de principal inferior a 150.253,03.-€. Sin embargo, a partir de diciembre de 2007 se modifico la Ley, y la oferta vinculante pasó a ser obligatoria para todos los préstamos sin importar su cuantía.

Por tanto, la oferta vinculante es obligatoria:
- En la concesión de nuevos créditos hipotecarios de hasta 150.253,03.-€ concedidos a partir de mayo de 1994.
- En la concesión de nuevos créditos hipotecarios por importe superior a la cantidad mencionada a partir de diciembre de 2007.
- En los casos de novación hipotecaria (modificación de las condiciones esenciales del préstamo).
- En los casos de subrogación no es obligatoria, ya que las condiciones se mantienen, y lo único que cambia es el deudor.
- No obstante lo anterior, en las subrogaciones hipotecarias con novación de algunas condiciones, la oferta vinculante es obligatoria.

El deudor hipotecario deberá comprobar cuando firmó su hipoteca, porqué importe, y si existe oferta vinculante en caso de ser exigible.

¿Qué consecuencias tiene la ausencia de oferta vinculante?
En caso de que el préstamo hipotecario adolezca de Oferta Vinculante firmada por el cliente, en las condiciones dinerarias y temporales citadas, será mucho más fácil presentar una demanda para la nulidad de la cláusula suelo.

Aunque en su día se entregase la oferta vinculante, también es posible eliminar la cláusula suelo, ya que pueden existir otros elementos que evidencien la falta de transparencia por parte del banco (que es lo habitual, incluso hoy en día).

Además de la falta de transparencia, la cláusula suelo es una cláusula abusiva habitual, por el uso que el banco hace de ella; ya que causa importantes desequilibrios en los intereses de consumidor y entidad financiera, siempre en perjuicio del cliente y en favor del banco, por lo cual existen otros argumentos que señalan la falta de reciprocidad como motivo para eliminar la cláusula suelo.

Caigamos en la cuenta que una cláusulas suelo se impone sobre el 2,5% y el 4% de límite por lo cual, los intereses no bajarán mientras que actualmente el Euribor está tocando mínimos históricos. Por otra parte la cláusula techo puede estar entre el 12% y el 20%, un máximo que el Euribor jamás alcanzará salvo que haya un cataclismo económico.

Finalmente, recordarte de nuevo, que si necesitas contratar a un abogado para anular la cláusula suelo de tu hipoteca, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del buzón de consultas.
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Límite de pago en efectivo en España

11 marzo 2015

En el año 2012 España decidió sumarse al límite de pagos en efectivo que ya venían aplicando Italia y Francia, para la prevención del blanqueo de capitales y el fraude fiscal, limitando los pagos en efectivo a la cantidad de 2.500 € cuando una de las partes fuese empresa, autónomo o profesional.

Desde entonces la Agencia Tributaria ha recibido cerca de 5.000 denuncias durante el año 2014, algunas formuladas por los propios pagadores o receptores, y otras por terceros que tienen conocimiento de la operación. A resultas de esas denuncias se han abierto investigaciones que han culminado en más de 1.000 sancionados, que deberán abonar una sanción cuya cuantía se calcula aplicando el 25% del pago en metálico efectuado.

Además, estas sanciones pueden acumularse a otras ocasionadas por la comisión de infracciones distintas, como no cumplir con la obligación de declarar, o portar efectivo, cheques o cualquier medio de pago al extranjero por valor superior a los 10.000.-€, o moverse por el territorio nacional con idénticos medios por valor superior a los 100.000.-€.

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Denuncia en el plazo de 3 meses para exonerarte de la sanción
Estas sanciones pueden ser impuestas tanto al pagador como al receptor del dinero en metálico, con carácter solidario, de forma que Hacienda puede dirigirse indistintamente tanto a uno como a el otro. Sin embargo, la Agencia Tributaria exonera de las multas a quienes decidan presentar denuncia en el plazo de 3 meses. Esta medida anima a denunciar cuando existe un conflicto entre las partes, o una de ellas tiene algún problema con el fisco.

Una vez presentada la denuncia (lo cual se puede hacer por internet) la Agencia Tributaria realizará los trámites oportunos de comprobación, y en su caso, es posible que requiera al denunciante para que aporte todos los medios de prueba y documentos que avalen su denuncia.


Cuantía de las sanciones
Las sanciones por la comisión de esta infracción (superar los límites del pago en efectivo), se calculan en base al importe de la 

Además, estas sanciones serán compatibles con otras en las que hubiese podido incurrir el obligado tributario, como la declaración de medios de pago cuando el infractor además sea portador de efectivo, cheques, o cualquier medio, incluso electrónico, que le permita pagar por importes superiores a 10.000.-€ en movimientos al extranjero, o 100.000.-€ en movimientos en territorio nacional.


Límite para extranjeros con domicilio fiscal fuera de España
El límite aplicable de 2.500.-€ de pago en efectivo se eleva a los 15.000.-€ (o su contravalor en moneda extranjera) cuando el pagador sea una persona física que acredite que no tiene su domicilio fiscal en España.

En estos casos se permite que el nacional de un país extranjero realice operaciones de pago en metálico en nuestro país con un valor no superior a los 15.000.-€



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Demanda acciones Bankia

09 marzo 2015

Usted como muchos otros inversores, pudieron depositar su confianza en las acciones de Bankia en su oferta de suscripción pública cuando salieron en el mercado bursátil con un valor de 3,75 € el título, cuando realmente valían poco más de 0,70 €. En este caso debe saber que puede recuperar su dinero, pero el tiempo apremia, ya que el plazo de reclamación es de 3 años desde que el inversor pudo conocer la falsedad de la situación financiera de Bankia, lo cual tuvo lugar el 24 de mayo de 2012, cuando salió a la luz pública la reformulación de la contabilidad de Bankia por un nuevo Consejo de Administración, y tras la dimisión de Rodrigo Rato.

Este hecho conllevó la caída en picado del valor de las acciones, y por ende, con lo cual el plazo para reclamar prescribirá el próximo 24 de mayo de 2015.

En este artículo voy a explicar los motivos por los cuales usted como inversor de unas acciones bursátiles fraudulentas puede recuperar el dinero perdido.

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Falsedad de las cuentas de Bankia
El principal eje de la demanda debe basarse en la falsedad de las cuentas con las cuales se publicitó Bankia en su oferta de suscripción Pública, completamente distinta a la realidad de la situación financiera de la entidad.

Es realmente un fiasco para nuestro sistema bursátil, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) permita la salida en bolsa a una entidad de reciente creación sin cuentas consolidadas y auditadas en anteriores ejercicios. Sin embargo, el colmo del esperpento es que lo haga (salir a bolsa) con una publicidad falsa que induce al engaño de sus inversores. Y cuando nos referimos a publicidad, estamos hablando de un "Folleto registrado en la CNMV con fecha 20 de junio de 2011", que pintaba las acciones de la citada entidad como una inversión centelleante, cuando realmente era todo lo contrario. 

Todo inversor puede entender que comprar acciones es una operación financiera de riesgo, -incluso los que carece de conocimientos en materia de inversión- (como argumentaremos en los siguientes epígrafes), sin embargo, nadie puede hacerse a la idea del riesgo que supone una inversión si la publicidad con la que Bankia se lanza al mercado bursátil es completamente falsa.

Bien, pues el Código Civil nos habla de que el error invalida el consentimiento. No es posible prestar un consentimiento válido si el contratante firma bajo error, bajo la influencia de una publicidad falsa, sin la cual, probablemente no hubiese accedido a prestar su consentimiento. Por lo que la compra de estas acciones debe considerarse nula, y por ello las partes están obligadas a restituir la inversión.


Deber de información y transparencia
El pilar jurídico que sostiene la demanda de nulidad de las acciones Bankia es la infracción legal de la Ley del Mercado de Valores, concretamente en su artículo 79 bis, que obliga a la entidad a mantener una información clara y transparente para sus clientes, y en ningún caso engañosa

Según nuestros Tribunales, las entidades que prestan servicios de inversión, deben tratar los intereses de sus clientes potenciales como si se tratase de los suyos propios, y tienen el deber inexcusable de que su información se clara y transparente, no pudiendo incurrir en prácticas engañosas, como ha sido el caso que nos ocupa en este artículo.


Requisito del válido consentimiento
Además, la entidad financiera tiene la obligación de preguntar al cliente sobre sus conocimientos en materia de inversión financiera, y en caso de ser insuficientes, informarle sobre el riesgo de su inversión, advirtiéndole en ese caso de que el producto puede no ser adecuado para él.

En ocasiones, ante esta obligación legal podemos encontrarnos que la entidad financiera pase un "test de conveniencia o idoneidad", para posteriormente poder justificarse y alegar el debido cumplimiento de la Ley, sin embargo, la mayoría de veces este test es rellenado por el trabajador bancario (que la mayoría de veces tiene una relación de confianza con el cliente) y lo hace a conveniencia de la entidad, para "que todo esté correcto", de otro modo, no se entienden los resultados que desprenden actualmente.

Sin cumplimiento de este requisito, puede afirmarse que el consentimiento del cliente no es válido, como también ocurre en otras tropelías bancarias emergentes en los últimos años (como las cláusulas suelo), ya que en ambas, se induce al cliente al error. Y en este sentido, el error del contratante al momento de prestar su consentimiento invalida la contratación.
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Despido de una trabajadora embarazada

24 febrero 2015

Despido trabajadora embarazada
Las trabajadoras que están en situación de embarazo gozan de una serie de prebendas frente a los despidos, de las cuales no disfrutan otros trabajadores. Además, también tienen otros derechos reconocidos como las reducciones de jornada, la fijación del horario, las suspensiones del contrato, los permisos de una hora diaria, etc.

En relación al despido, se consideran nulos los despidos improcedentes realizados sobre trabajadoras en situación de embarazo, desde su inicio, hasta la posterior alta tras la maternidad, siempre que el niño no tenga más de nueve meses de edad. La empresa sólo puede sortear la nulidad del despido si consigue demostrar y justificar las causas del despido.

Nulidad del despido
La nulidad del despido significa que la sentencia judicial que la declare, obligará al empresario a readmitir de forma inmediata a la trabajadora en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones de trabajo, y abonándole los salarios dejados de percibir durante la tramitación del procedimiento judicial (que suele durar unos cuantos meses).

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El procedimiento se inicia con una papeleta de conciliación ante el SMAC, y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se prosigue con la correlativa demanda en el Juzgado de lo Social del partido judicial que corresponda.

No sólo para madres
Además de la maternidad, también se recogen otros supuestos en el art. 45 del Estatuto de los Trabajadores que están garantizados con especial protección y en su caso, con la nulidad del despido. El acogimiento familiar o la adopción, el cuidado de hijos menores de 6 años o mayores si están discapacitados. Los inmigrantes que por sus dificultades lingüísticas estén en peligro de exclusión social, etc.

Despido procedente
El despido disciplinario será procedente cuando la causa esté justificada, en virtud del art. 55.6 del Estatuto de los Trabajadores. Esto significa que una mujer embarazada, o un trabajador en situaciones asimiladas, pueden ser despedidos cuando cometan una falta muy grave que justifique el despido disciplinario procedente: como podría ser el hurto, el uso negligente o indebido de los equipos informáticos, etc. También podrían ser despedidas de forma procedente en caso de que la empresa consiguiese demostrar que existen razones de peso organizativo, productivo, económico o técnico.

Desconocimiento del empresario de la situación de embarazo
En una sentencia de marzo de 2013, se pronunció el Tribunal Supremo, para unificar la doctrina existente en la materia, sobre el desconocimiento que podía tener el empresario sobre el embarazo de la trabajadora. De esta forma, se debatía si en caso de desconocimiento, el despido podría considerarse procedente, por cuanto el empresario no había actuado con mala fe. No obstante, el Tribunal Supremo negó esa tesis, declarando igualmente nulo el despido de una trabajadora cuyo embarazo desconocía, y argumentando que la protección en situación de embarazo es una garantía objetiva que impide el despido de la mujer embarazada, independientemente del conocimiento que el empresario tuviese sobre aquel embarazo.

Si has sido despedida o vas a ser despedida durante el embarazo o la maternidad, o durante el disfrute de algún permiso de conciliación de la vida familiar, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del formulario de consultas.
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